MIGUEL OJEDA 2014

Por Miguel Ojeda Trinidad

Ser educador es una profesión, no es un cargo público que se ostenta por una parte de la vida. Por eso, cuando Marcos Cruz Molina, el alcalde de Vega Baja toma decisiones y posturas, debe hacerlo en su integridad y no por conveniencia politico-partidista.

En los últimos tiempos, con el asunto de los problemas de las escuelas locales, no ha demostrado energía para que los problemas de las escuelas se resuelvan. Tiende a fungir como un mediador, cuando debería estar al lado de los que necesitan ser escuchados y atendidos. De hecho, no se presenta desde el primer momento, espera hacer una entrada triunfal para darle el toque espectacular a su intervención, como si cada problema fuera una situación de comedia donde se necesita al Chapulín Colorado. Eso no es seriedad, sino oportunismo.

El representante es otro cuyo rol en este problema es nulo por haber sido oportunista. A Rafael (Tatito) Hernández le atribuyen la frase de que el problema ya está resuelto y que él no puede hacer nada. La realidad es que él no debe hacer nada porque su familia se benefició de las conexiones políticas de su partido para tener a sus hijos matriculados en la Escuela Especializada Brígida Alvarez. Hay quien asegura que nunca pasaron los requisitos de entrada y ojalá que eso no sea cierto, porque sería un fraude y hasta delito haber permitido su matrícula. Pero ¿acaso no fue Tatito quien dijo que los que no podían tener a sus hijos en la escuela pública bajo las condiciones que se les ofrecen, que emigraran a la escuela privada? ¿No es el mismo Tatito que dice que votará por quien no lo quiere en Dorado? Esa bifurcación de sus posturas lo hacen ser impredecible y por tanto, no confiable.

Por último, tengo que incluir, a la mayoría popular de la Legislatura Municipal de Vega Baja. Esta no ha sido eficiente, bajo ninguno de los tres presidentes que ha tenido el Partido Popular en esta administración para hacer una expresión razonada y efectiva sobre los problemas de los cierres de escuelas, la usurpación del nombre de la Padilla y los traslados injustificados, ilógicos y problemáticos de estudiantes entre escuelas. Para ellos, el problema no ha existido.

Ha habido dos razones. La primera, que no han querido “herir sensibilidades” de sus correligionarios que han participado en este desastre. La segunda, es que tienen las manos atadas por tener parientes y dolientes gozando del privilegio. Esa cobardía, tiene, pues, una motivación evidente. Han legislado para beneficiar todo aquello  que les conviene a ellos como entidad política y no lo que debe recibir el pueblo de tan importante foro representativo.

El poder ejecutivo y el legislativo nos han fallado. Queda recurrir al pueblo como opción, que es el que tiene el poder en primera instancia para valorar el desempeño de sus funcionarios y si son flojos o malos, no renovarles el contrato cuatrianual. Al alcalde Marcos Cruz, le pido que sea honesto en su exposición pública y que defienda la educación de frente, no de lado ni para las gradas, porque pinta muy mal. A Tatito Hernández, que mejor ni hable del asunto, porque puede recibir un menosprecio adicional a su pobre labor legislativa cuando se revele los detalles de su oportunismo familiar. Y a la Legislatura Municipal, que la inacción es la que habla por ustedes y que ya se les hizo tarde para pensar y actuar en los temas educativos de importancia.

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