Bola Negra para Rafael (Tatito) Hernández

RAFAEL TATITO HERNANDEZ

Por Thomas Jimmy Rosario Martínez

El Grupo Pro Vida no quiere que vote por algunos políticos. En su espacio de Internet están promoviendo que no se vote por el precandidato y actual incumbente de Rafael (Tatito) Hernández, Representante por el Distrito 11, por las siguientes razones:

http://fielesalaverdad.org/guia-electoral/politicos/

Rafael Hernández Montañez (PPD)

Distrito: Cámara 11: Dorado, Vega Alta, Vega Baja

Recomendación al Votante: NO!

Una recomendación de NO! indica que el candidato ha asumido consistentemente posiciones en contra de la familia o de la vida. Recomendamos que no vote por Rafael Hernández Montañez

Notas adicionales:

Posiciones legislativas de Rafael Hernández Montañez

Medida PS1210

A Favor. Rafael Hernández Montañez favorece la medida PS1210
El nefasto proyecto PS 1210 reduciría/eliminaría las penas de delitos como el adulterio, el bestialismo, las proposiciones obscenas, el anunciar abortos ilegales y el incesto. Las derrotadas enmiendas al Código Penal, según propuestas en el Proyecto del Senado 1210 que fue aprobado en la votación del 13 de noviembre de 2014, eliminaban como delitos el adulterio—Artículo 116 del Código Penal actual—, el bestialismo—actual Artículo 134—, las proposiciones obscenas—hoy Artículo 137—y el actual Artículo 140 sobre “Casas escandalosas”. También eliminaba como delito el anunciar abortos ilegales. Además, el incesto, en el actual artículo 131, se enmendaba para permitir el incesto “consentido” y se añadía al artículo 180, de “Discriminaciones ilegales”, la protección para las categorías de “orientación sexual” e “identidad de género”.

Los senadores populares Ramoncito Ruiz Nieves, Ángel Rodríguez Otero, Pedro Rodríguez González y Luis Rivera Filomeno dijeron haber emitido “un voto explicativo al refrendar las enmiendas al Código Penal”, asegurando que en su voto explicativo expresaron su oposición a la enmienda al Artículo 131, relacionada con el delito de incesto.

Medida PC488

A Favor. Rafael Hernández Montañez favorece la medida PC488

El PC 488 enmienda la Ley 54 para incluir cualquier relación de pareja, incluso las del mismo sexo. Específicamente, extiende la Ley 54 (“Ley de Prevención o Intervención con la Violencia Doméstica”) a todas las personas “sin importar estado civil, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio.”

Todo tipo de violencia en el hogar es repudiable. De hecho, ya el Código Penal atiende casos de violencia en relaciones adúlteras y homosexuales. El PC 488, sin embargo, concibe las relaciones homosexuales y adúlteras como relaciones conyugales y, por ende, las equipara al matrimonio. Es, por lo tanto, un paso hacia la legalización por vía judicial del “matrimonio” entre personas del mismo sexo. Al igual que el PS 238, el PC 488 representa legislación sobre los llamados “derechos sexuales” basados en nociones indefinidas de “orientación sexual” o “identidad de género.” Dichas leyes y políticas, a su vez, repercuten sobre los derechos básicos de libertad de conciencia, expresión y religión.

Más Información

  1. FOLLETO INFORMATIVO
    Lo que se propone en la legislatura: PS 238 y PC 488.
  2. Niegan Adopción por ser Cristianos
Medida PS238

A Favor. Rafael Hernández Montañez favorece la medida PS238

El PS 238 establece como política pública del ELA de Puerto Rico “el repudio al discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo, público o privado.” Establece “la prohibición particular de que ningún patrono podrá suspender, rehusarse a emplear, despedir o de cualquier otro modo o forma perjudicar en su empleo a una persona por razón de cualquiera de las características protegidas antes mencionadas.”

El Proyecto parte de premisas cuestionables. Supone que el llamado discrimen por orientación sexual está generalizado en Puerto Rico. Supone, también incorrectamente, que no existen ya las herramientas legales en nuestro País para lidiar con estos casos. Existen, por ejemplo, leyes que protegen contra el acoso, la difamación y el despido injustificado en el empleo. Entonces, ¿para qué tantas leyes especiales que más parecen atender los reclamos ideológicos de una minoría que las verdaderas necesidades de nuestro Pueblo?

El discrimen injusto debe erradicarse. Sin embargo, el efecto real del PS 238, y leyes especiales (para la comunidad LBGTT) como ésta, es el de minar los derechos a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Bajo el PS 238 se configuraría como acto criminal el que, por ejemplo, vacilemos en contratar un travesti como niñero(a) de nuestros hijos o nietos, como maestro(a) en nuestro pre-kínder, o como enfermero(a) de nuestros familiares enfermos o ancianos. Todos nos vemos afectados por medidas de esta naturaleza: no sólo el gobierno (y su impacto sobre nuestros impuestos), sino la empresa privada y nosotros como pequeños patronos — a diario contratamos servicios de toda índole como mantenimiento de hogar, servicio doméstico, cuido de niños, enfermos y envejecientes, etc.).

Más información:

Medida PS1963

A Favor. Rafael Hernández Montañez favorece la medida PS1963
El P. del S. 1963, que la Legislatura aprobó en junio del 2012, añade un “Artículo 6.02 a la Ley Núm. 408-2000, según enmendada, con el fin de establecer un Programa de Planificación Familiar en toda agencia, institución, o cualquier otro ente que ofrezca servicios de rehabilitación de drogas y alcohol, con el propósito de atender las necesidades de la población drogodependiente y alcoholdependiente, en aspectos como: evaluación médica, educación y prevención sobre salud sexual y reproductiva, pruebas preventivas y de diagnóstico, como papanicolaou (PAP), mamografía, infecciones de transmisión sexual (ITS); y para otros fines.”

Establece que “todo adulto que voluntaria o involuntariamente, recurra a un ente, con o sin fines de lucro, que ofrezca servicios de Salud Mental y/o rehabilitación a drogas y/o alcohol, recibirá por parte de la agencia, organización, institución, y/o programa de pacientes drogodependientes” toda una serie de “servicios” de “planificación familiar” gratuitamente [énfasis añadido]. Entre dichos “servicios” se encuentra la “coordinación para el tratamiento anticonceptivo con un médico Ginecólogo, para mujeres; y Urólogos, para hombres, con un máximo de 24 horas para contestar su consulta.” El Departamento de Salud, con fondos del Programa Federal de Título X, sufragará los gastos. Los “entes” deberán “entregar informes trimestrales al Departamento de Salud.” La ley dispone las penas de multas y/o cárcel que acarreará su incumplimiento.

Gracias a esta ley, ¿deberán las instituciones católicas que ofrecen ayuda, consejería y otros servicios sicológicos administrar este “Programa de Planificación Familiar” (PPF) a los alumnos, feligreses, empleados y otras personas que atiendan? ¿No atenta contra el libre ejercicio del culto religioso y la libertad de conciencia exigir que brinden unos “servicios” contrarios a su doctrina? ¿Deberá una organización como Alcohólicos Anónimos administrar un PPF (y someter los informes trimestrales correspondientes)? ¿Oficinas de sicólogos y siquiatras? ¿Directores espirituales, sacerdotes, ministros, maestros? ¿Se les penalizará si se niegan?

La medida destaca que este “Programa será una pieza clave que ayudará a esta población (usuarios de alcohol y drogas ilegales) a lograr embarazos deseados bajo condiciones estables, a su vez evitará el nacimiento de niños con Síndrome de Retirada Neonatal y Síndrome de Alcohol Fetal, niños que son producto de madres adictas a algunas drogas.” ¿Y si la mujer ya está embarazada? ¿Favorecerá el Programa el aborto para evitar esos niños que, a partir del lenguaje de esta ley, son “indeseados”? Dicha ley reconoce, por otro lado, que “en muchas ocasiones por las condiciones de salud, económicas y sociales que viven los usuarios de drogas y alcohol, éstos pasan a vivir una vida de deambulantes, y/o están incapacitados para poder reclamar sus derechos.” ¿No son, por lo tanto, estas condiciones las que ameritan atención para mejorar la salud mental en nuestra sociedad, en particular el fortalecimiento de los valores familiares? ¿Es correcto hacer mandatorio un PPF para unas personas vulnerables, bajo rehabilitación, que la misma ley reconoce como probablemente “incapacitados para poder reclamar sus derechos”? Es una contradicción que en aras de la “salud mental” se promueva la “planificación familiar”— un eufemismo para el aborto o métodos anticonceptivos que actúan como abortivos.

Medida PC2259

A Favor. Rafael Hernández Montañez favorece la medida PC2259
El término “crimen de odio” se presta para marginar o aun penalizar todo cuestionamiento o crítica a la agenda LGBTT, entre otros. Por ejemplo, defender el que los niños merecen tener un padre y una madre o el matrimonio como unión de un hombre y una mujer se podría configurar como agresión, violencia, o “crimen de odio.” Bajo este lema se esconde otro asalto a las libertades religiosas y a los valores del matrimonio y la familia natural.

Ver articulo en inglésSame-Sex “Marriage,” “Hate Crimes,” and the New Totalitarianism

Medida PC190

A Favor. Rafael Hernández Montañez favorece la medida PC190
Para requerir que se establezca como mandatorio en los seguros médicos la cubierta para el pago de anticonceptivos orales.

Tendría un impacto sobre la Reforma de Salud de entre $46 a $115 millones al año. Usa fondos públicos para promover prácticas moralmente objetables.

Los contraceptivos funcionan como abortivos, en especial cuando la mujer ya había ovulado cuando ocurrió el acto sexual, porque evitan la implantación del óvulo fecundado (niño no-nacido en su primera semana de desarrollo después de la concepción).

Los anticonceptivos hormonales perjudican la salud de la mujer. Se sabe que aceleran la transmisión del HIV/SIDA y aumentan el riesgo de contraer cáncer de seno, además de ocasionar otros problemas de salud. La Organización Mundial de la Salud ha incluido varios tipos de contraceptivos hormonales bajo Carcinógenos Grupo-1, la misma clasificación de los cigarrillos y el asbesto. Ver video.

Medida PS2383

A Favor. Rafael Hernández Montañez favorece la medida PS2383
Esta medida enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 9-2010, a los fines de extender la cubierta de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) para varones asegurados entre las edades de once (11) a dieciocho (18) años de edad.

Promover el uso de condones y vacunas tiende a favorecer la promiscuidad, lo cual ha aumentado significativamente la incidencia de enfermedades venéreas (ver, por ejemplo este artículo). La vacuna del VPH puede tener efectos negativos graves.
Los funcionarios de salud de EEUU confiesan que ha habido informes acerca de coágulos sanguíneos, insuficiencia respiratoria aguda, paro cardíaco y muerte súbita por causas desconocidas, que han ocurrido en niñas y mujeres poco después de haber sido vacunadas con Gardasil.

Por otro lado, los alegados beneficios de la vacuna son cuestionables:
La vacuna contra el VPH sólo protege de dos cepas de esta infección vinculadas al cáncer (VPH-16 y VPH-18), pero hay más de 100 diferentes cepas de VPH, y se sabe que alrededor de 15 de ellas son causantes potenciales de cáncer si la infección persiste .

Advertencia: El VPH se contagia aùn con el uso de los “preservativos”.

Medida PC755

A Favor. Rafael Hernández Montañez favorece la medida PC755

La medida introduce la “ruptura irreparable” (o sea, el divorcio de uno, aunque el otro cónyuge no esté de acuerdo).

Se ha ignorado el mensaje profético de Chesterton: “El efecto obvio del divorcio frívolo es el matrimonio frívolo. Si las personas pueden separarse por ninguna razón, les será más fácil unirse por ninguna razón.”

Muchos estudios demuestran el efecto positivo de un matrimonio natural estable sobre la salud física y mental tanto del hombre como de la mujer. Por otro lado, los hijos de matrimonios fracasados son víctimas de graves repercusiones. Por ejemplo, Lewis Terman (sicólogo de la Universidad de Stanford), en un estudio que cubre ocho décadas, encontró que dichos niños tienen una expectativa de vida de cinco años menos que aquéllos que provienen de matrimonios estables.

Los legisladores tienen una obligación moral de derogar esta nefasta medida.

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